Los científicos piden al Gobierno que bonifique la mayor parte de la compra de cotización para jubilarse | Economía

El Ministerio de Seguridad Social ha recibido este viernes a la comunidad científica, muy descontenta por el plan del departamento que posibilita la suma de hasta cinco años de prácticas no cotizadas para el cómputo de la jubilación mediante el pago de unos 290 euros por mes. Este planteamiento no gusta a estos profesionales por sus larguísimos periodos como becarios, que con el planteamiento en vigor se pueden traducir en pagos de hasta 17.000 euros. Por ello han presentado varias reclamaciones al ministerio, entre las que destacan considerar la base de cotización que correspondía en su momento (en vez de la de 2024, lo que eleva el precio) y que el científico asuma solo la parte que corresponde al trabajador, de manera que la Seguridad Social bonifique la que habría correspondido pagar a la empresa.

En circunstancias normales, la parte empresarial de las cotizaciones es la más elevada, un 23,6% de la base reguladora (similar al salario bruto anual) por contingencias comunes, mientras que el trabajador abona otro 4,7%. Los científicos piden que la Seguridad Social pague la parte de la empresa y que ellos se hagan cargo de la del empleado. Sin embargo, los convenios especiales (como el que se articula para esta compra de cotización) funcionan de otra forma: como se trata de una compra a posteriori, la Seguridad Social no diferencia por conceptos. Como sea, los científicos esperan que el Estado asuma una porción muy superior a la que ahora contempla la orden ministerial.

Este ha sido uno de los puntos que más discusión ha generado en la reunión, según una de las participantes, Marisol Soengas, presidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer. “Desde el ministerio nos insisten en que tendría una coste muy importante para el Estado, pero para nosotros no es asumible tener que pagar hasta 17.000 euros”. El otro punto principal, que parece más fácil de encarrilar, es que la base mínima aplicable sea la del año en que se cursaron las prácticas y no la de 2024.

“El ministerio ha reconocido que la orden ministerial tenía varios errores y que tienen que introducir medidas para responder a nuestras reivindicaciones. Lo que no nos han dicho es cómo lo van a hacer”, indica Soengas. Según explica, el replanteamiento del texto se trasladará primero a la mesa de diálogo con sindicatos y patronal, que el lunes que viene vuelve a reunirse.

“Voluntad de escucha”

“En su conjunto, las asociaciones de investigadores agradecen la voluntad de escucha del secretario de Estado [Borja Suárez] y esperan que las medidas a introducir permitan resolver una injusticia histórica en sus condiciones laborales”, indica la comunidad científica en un comunicado. En el mismo texto piden “recuperar los derechos laborales de todo el periodo trabajado con becas de investigación que no cotizaban a la Seguridad Social”.

Por su parte, tras la reunión, el departamento que encabeza Elma Saiz ha dicho que ha escuchado las observaciones del colectivo y que les ha manifestado “el compromiso de llevar este asunto a la mesa del diálogo social para su revisión”.

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