El presidente de Túnez rechaza por “irrisoria” la ayuda de la UE a cambio del acuerdo para frenar la migración | Internacional

Desde la izquierda, el primer ministro en funciones de Países Bajos, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente de Túnez, Kais Said, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el 16 de julio en Túnez.TUNISIAN PRESIDENCY (via REUTERS)

El presidente de Túnez, Kais Said, ha dado un golpe sobre la mesa de negociaciones del acuerdo migratorio con la Unión Europea, clave para frenar la llegada de pateras en el Mediterráneo central, al rechazar por “irrisoria” la ayuda financiera de 127 millones de euros anunciada por Bruselas el 22 de septiembre, frente a los 1.000 millones prometidos en julio. El portazo de Said, que gobierna por decreto desde hace dos años tras haber disuelto el Parlamento y apartado a los partidos mayoritarios, amenaza con socavar un pacto de “asociación estratégica” para el control de la inmigración irregular que la Comisión Europea pretende utilizar como modelo para otros Estados del norte de África. En esencia, Bruselas aporta ayuda económica a cambio de que se bloqueen las salidas de migrantes hacia la UE.

“Túnez acepta la cooperación, pero no lo que parece ser caridad o simples favores”, advirtió el presidente tunecino en un comunicado difundido en la noche del lunes, “y rechaza lo anunciado en las últimas fechas por la UE”. Said precisó que se opone a la oferta de Bruselas “no tanto por su irrisoria cuantía como porque va contra lo acordado en el memorando de entendimiento firmado en julio en Túnez”, a pesar de que pone el acento en desmantelar las redes de tráfico de personas. La propuesta planteada hace tres meses ascendía a unos 1.000 millones de euros en ayudas para frenar la inmigración irregular hacia Europa y para la recuperación financiera del país magrebí, sumido en una grave crisis económica.

Los 127 millones que la Comisión ha puesto sobre la mesa están destinados en parte a la modernización de las embarcaciones de la Guardia Costera tunecina que vigila los movimientos migratorios en sus aguas territoriales, así como a la protección de los migrantes subsaharianos en tránsito en Túnez, en coordinación con organizaciones internaciones, y la repatriación a sus países de origen.

El presidente de Túnez sigue tensando la cuerda de la negociación con Bruselas mientras el acuerdo migratorio queda en entredicho. Said negó la semana pasada la entrada a una delegación de la Comisión Europea que debía visitar su país para debatir sobre la puesta en marcha del memorando de entendimiento. A comienzos de septiembre también vetó el paso a una delegación del Parlamento Europeo. Las maniobras del presidente tunecino, junto a las imágenes de la isla italiana de Lampedusa, donde han llegado miles de migrantes en las últimas semanas, ponen en peligro la viabilidad del acuerdo.

Se trata de un memorando opaco que la Comisión y la mayoría de los Estados miembros —donde la retórica sobre inmigración es cada vez más dura— aspiran a usar como modelo con otros países de origen y tránsito. Bruselas sondea ya a Egipto y a Marruecos, que tiene previsto recibir 500 millones de euros en ayudas de la UE para el periodo 2021-2027, una cifra que Rabat considera muy por debajo de los gastos que genera la contención de los flujos migratorios hacia Europa.

A cambio de la ayuda para controlar las fronteras, el acuerdo ofrece asistencia financiera europea a Túnez por unos 1.000 millones de euros, vinculados a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe un plan de rescate de 1.900 millones de dólares (1.800 millones de euros); así como fondos para control de fronteras. Said se opone a las imposiciones del FMI, ya que pueden disparar el malestar social al recortar las subvenciones de alimentos básicos y forzar despidos en el sector público. En contrapartida, si las ayudas exteriores no llegan a tiempo, las agencias de calificación internacionales pueden rebajar al mínimo las expectativas crediticias de Túnez, que bordea del impago de su deuda desde hace tiempo.

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Un acuerdo cuestionado

El acuerdo migratorio ha sido cuestionado tanto en la Eurocámara como por ONG internacionales ante las denuncias de violaciones a los derechos humanos que pesan sobre el Gobierno de Said y la forma en que el Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen firmó el memorando, sin el acuerdo previo de los Estados miembros, como marca la legislación.

El órdago del presidente Said a Bruselas para exigir mayores compensaciones a su país para que sirva como muro de contención a la inmigración irregular africana hacia Europa desde Túnez, que ha desbancado a Libia como principal país de salida, es un movimiento arriesgado. Von der Leyen ha viajado dos veces desde junio a la capital tunecina en compañía de la primera ministra italiana y del jefe de Gobierno saliente de Países Bajos, Mark Rutte, en lo que ha denominado “Equipo Europa” (Team Europe), para intentar desbloquear el acuerdo con el presidente.

La presidenta de la Comisión se ha limitado a ofrecer a Said cinco pilares sectoriales de financiación del memorando de entendimiento, que suman 300 millones de euros, de los cuales 105 millones corresponden a políticas de contención de la inmigración. El resto corresponde a partidas como digitalización, energía y desarrollo económico.

El líder tunecino reitera en los últimos meses que no quiere ejercer de “guardián de fronteras” de Europa. Después de haber disuelto el Parlamento y de desencadenar una ola de detenciones de disidentes, Said arremetió el pasado febrero contra los inmigrantes subsaharianos. El mandatario afirmó en una declaración pública: “Existe un plan criminal diseñado desde principios de siglo dirigido a alterar la composición demográfica de Túnez para transformarlo en un simple país africano sin vinculación con el mundo árabe e islámico”. Desde entonces, se ha multiplicado el acoso a los extranjeros negros africanos en el país magrebí.

En Sfax, principal punto de partida de pateras en el Mediterráneo central, a 270 kilómetros al sur de la capital de Túnez, 10.000 subsaharianos aguardan desde hace meses a embarcarse rumbo a las costas italianas de la isla de Lampedusa, a una jornada de navegación en patera, según informó en junio una ONG local. Cientos de migrantes han sido expulsados por las autoridades y trasladados por la fuerza hacia una zona desértica en la frontera con Libia.

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